Este documento propone un marco estratégico para el establecimiento de un nuevo sistema de identidad digital para las personas naturales que actúen por sí y, eventualmente, aquellas que actúen en representación de otra persona natural o jurídica. La identidad digital también abarca objetos y sistemas, por lo que el modelo propuesto, si bien no los incluye directamente, tiene el potencial de ser extendido, de manera gradual, a estos otros componentes.
En un mundo cada vez más digitalizado, es esencial disponer de sistemas e instrumentos robustos de identidad digital que permitan a las personas acceder de manera rápida, segura y confiable a los servicios públicos y privados disponibles en línea. En este contexto, la identidad digital se ha convertido en una herramienta clave para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos en entornos digitales y en un factor fundamental de la competitividad de nuestra economía digital.
La identidad digital es un habilitante clave para el ejercicio de los derechos de las personas. La identidad, en general, es un derecho humano, reconocido expresamente por la Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 1989). En esta línea, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, se espera “de aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos” (Naciones Unidas, 2023). A medida que las interacciones entre las personas y las instituciones se trasladan al ámbito digital, resulta evidente que la identidad jurídica debe estar también reconocida y operativa en estos entornos digitales. Contar con una identidad digital robusta hoy en día es fundamental para la inclusión digital, en cuanto permite recibir servicios básicos como atención médica y beneficios sociales, acceder a capital y servicios financieros, e incluso votar, cruzar fronteras o poseer bienes, entre otras actividades (BID, 2017; CEPAL, 2021).
Desde una perspectiva económica, la identidad digital puede desempeñar un papel clave en el aumento de la productividad y el crecimiento. En la Unión Europea, se estima que la implementación de billeteras de identidad digital podrían generar un valor añadido a la economía de 1.268 millones de euros en un período de 10 años (European Comission, 2021). En 2020, los pagos digitales se consolidaron como el principal método de compra en la región, lo que contribuyó a un aumento del 18% en el comercio electrónico (WEF, 2022). En el Reino Unido, el actual desarrollo de un nuevo sistema de identidad digital espera generar beneficios de alrededor de 800 millones de libras esterlinas anuales (Gobierno del Reino Unido, 2022). En Estonia, por su parte, ya sabemos que su sistema de identidad y firma digital le ha permitido a ese país ahorrar hasta un de 2% del PIB anual (e-Estonia, 2019). En esta línea, según el informe Estudios Económicos de la OCDE: Chile 2025, Chile se clasifica como una economía de ingreso medio-alto (OCDE, 2025), la implementación de sistemas de identidad digital podría aportar entre un 3% y 13% sobre el PIB total para el año 2030, dependiendo del país y del nivel de adopción (McKinsey & Company, 2019). A nivel mundial, podrían invertirse unos 47,000 millones de dólares al año en tecnologías para proteger la privacidad y asegurar la autenticidad de datos (McKinsey & Company, 2022). Además, se ha estimado que la implementación de sistemas de identidad digital puede reducir los costos de gestión y verificación de identidad requeridos para acceder a servicios digitales hasta en un 50% (Banco Mundial, 2024).
En este contexto, los marcos legales y estratégicos de identidad digital de diversos países se han transformado en una herramienta clave para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, promover la inclusión digital y fortalecer la economía digital. En Chile, como veremos en la sección siguiente, se han logrado avances importantes, pero aún persisten desafíos significativos para consolidar un sistema que se alinee con las mejores prácticas internacionales y responda plenamente a las necesidades de la ciudadanía.
Nuestro país ha alcanzado cierto nivel de madurez en materia de identidad digital gracias a iniciativas pioneras que han sentado bases relevantes para su desarrollo:
En primer lugar, en Chile, se registra un aumento en los casos reportados de fraude asociados a la identidad digital. Los datos hablan por sí solos: la mitad de los chilenos y chilenas ha sufrido algún intento de fraude con pagos electrónicos (Universidad Gabriela Mistral & Black & White, 2023); el 29% de los adultos mayores afirmó haber sido víctima de un fraude digital en lo que iba del año, según datos recopilados hasta julio de 2024 (ClaroVTR & Criteria, 2024); y, en 2023 se reportaron 21 mil casos de troyanos bancarios en Chile (Kasperky, 2023). Así entonces, el phishing se ha consolidado como una de las amenazas cibernéticas presentes en Chile. Los estafadores utilizan correos electrónicos, mensajes de texto y redes sociales para engañar a las víctimas y obtener información confidencial, como datos bancarios o contraseñas. Las cifras criminales son coherentes con este escenario. El delito de suplantación de identidad ha aumentado entre un 30% y un 45% (PDI, 2022a). Asimismo, según la Policía de Investigaciones de Chile, en 2022, el 58% de las estafas reportadas se cometieron a través de Internet (PDI, 2022b).
En segundo lugar, el marco regulatorio sobre identidad digital es débil y limitado. Aunque se han logrado avances, tanto en el sector público como en el sector privado, las soluciones de identidad digital (sean requeridos ya sea para identificar, autenticar, autorizar, consentir, firmar electrónicamente u otro fin) no están respaldadas por una regulación suficientemente sólida que garantice una identidad digital segura y confiable para toda la ciudadanía. Por el contrario, la escasa regulación vigente está muy fraccionada. A nivel de ley, por ejemplo, sólo se ha regulado la prestación de servicios de certificación de firma electrónica avanzada, una herramienta que, inserta en un sistema de identidad digital más amplio, podría ser mucho más potenciada. A nivel administrativo, sólo se ha regulado el uso de ClaveÚnica en los órganos de la Administración del Estado, el Poder Judicial y las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y cesantía (AFC III). Sin embargo, no existen habilitantes legales que permitan expandir de manera general, segura y confiable el uso de ClaveÚnica en el sector privado. Estos vacíos regulatorios han (i) dificultado la estandarización de sistemas de autenticación y la protección efectiva de los derechos de los usuarios, desincentivando el establecimiento de un sistema público-privado de identidad digital que aproveche la infraestructura pública digital ofrecida por ClaveÚnica e (ii) impedido la consolidación de una identidad digital “jurídica” u “oficial”, que permita acceder a toda clase de servicios públicos y privados, como la que actualmente existe en el mundo análogo, con la cédula de identidad emitida por Registro Civil.
En tercer lugar, la gobernanza de la identidad digital en Chile está muy fragmentada. El Registro Civil establece y registra la identidad civil de las personas y gestiona los documentos oficiales de identidad; la SGD desarrolla y opera las plataformas ClaveÚnica, CasillaÚnica y FirmaGob; el Ministerio de Economía acredita, inspecciona y regula el mercado de la firma electrónica avanzada; el SII opera la Clave Tributaria; y diversos órganos sectoriales, como la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, la Subsecretaría de Previsión Social y el Poder Judicial, han dictado normas administrativas relacionadas con autenticación de personas naturales. Con todo, no existe una institución claramente responsable de liderar y coordinar el ejercicio de estas competencias ni mucho menos un sistema más amplio de identidad digital. Tampoco es claro si el modelo actual es descentralizado (como indica la regulación de firma electrónica avanzada), centralizado (como funcionan la ClaveÚnica y la cédula de identidad digital), o federado. Todo esto limita la capacidad del Estado para tomar decisiones estratégicas que involucran múltiples actores, aprovechar economías de escala, disminuir costos administrativos, definir casos de uso, coordinar verticalmente a los actores involucrados, y utilizar de manera eficiente su infraestructura pública digital, entre otros problemas.
Para el año 2030, Chile contará con un ecosistema de identidad digital al servicio de las personas, construido sobre una sólida alianza público privada, lo que le permitirá consolidarse como líder regional en economía digital y transformarse en uno de los nuevos líderes mundiales en identidad digital.
Implementar un nuevo sistema de identidad digital inclusivo, seguro y confiable que permita a las personas naturales que actúen por sí y eventualmente, aquellas que actúen en representación de otra persona natural o jurídica, acceder de manera simple y amigable a toda clase de productos y servicios digitales públicos y privados, nacionales e internacionales.
Explicación del modelo
En general, en el mundo existen dos grandes sistemas de identidad, el centralizado y el descentralizado. El modelo centralizado, adoptado en gran parte de América Latina, supone la existencia de una única institución pública que gestiona el registro de identidad y emite documentos oficiales. En otros países, como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido se ha optado por un modelo descentralizado, en el que existen múltiples entidades que emiten identificaciones funcionales para usos específicos.
Esta estrategia propone construir un marco de confianza de identidad digital en base al modelo centralizado para el otorgamiento de la identidad fundacional actualmente en funcionamiento en el país. La mesa público-privada consideró fundamental mantener esta característica del modelo actual, aprovechando su robustez y asegurando la continuidad del sistema análogo de identidad digital, que ya cuenta con altos niveles de adopción y confianza a nivel nacional. Sin ir más lejos, el principal activo de identidad digital del país, la plataforma ClaveÚnica, está construida sobre el rol único nacional que le entrega a las personas el Registro Civil.
Este modelo deberá ser necesariamente implementado mediante una colaboración público-privada. En primer lugar, para asegurar la adopción y escalabilidad en el sector privado, será imprescindible que entidades privadas complementen las capacidades de la Administración para (i) integrar instituciones al sistema, asumiendo, en el mediano plazo, la co-responsabilidad de ejercer como canal de distribución, y (ii) identificar las necesidades de los distintos sectores de la economía y grupos de personas usuarias. En segundo lugar, para asegurar la seguridad, interoperabilidad y resiliencia del sistema también será fundamental contar con la asesoría técnica y servicios de confianza prestados por entidades privadas, los que podrían sumarse a la infraestructura pública digital ofrecida por la SGD, bajo el modelo de un marco de confianza. Así, el sistema será construido sobre la experiencia de las prestadoras de servicios de certificación de firma electrónica avanzada y aprovechará las capacidades de operación, innovación, agilidad y adaptación del sector privado. En este sentido, el sistema será en parte descentralizado tanto en la integración (canal de distribución) como en la operación (provisión de servicios de confianza).
La presente estrategia propone implementar este nuevo modelo en dos etapas corto y mediano plazo, las que reflejan un enfoque progresivo y adaptativo, que equilibra la implementación inmediata de las soluciones con la preparación para el escalamiento futuro. A continuación se describen la gobernanza, modelo tecnológico y estrategias de financiamiento propuestos para cada una de estas etapas.
De cara al año 2026 (corto plazo), se propone implementar un nuevo modelo de identidad digital aprovechando el marco legal y de gobernanza vigente, consolidar a ClaveÚnica como la componente de identidad de la infraestructura pública digital del país y mantener el modelo de financiamiento transaccional que utiliza tradicionalmente el Registro Civil. El foco estará puesto en servicios de autenticación y la seguridad del sistema, incluyendo el establecimiento colaborativo de estándares técnicos, para que éste pueda escalar en el mediano plazo sobre una base sólida.
Este broker o pasarela, construido sobre la infraestructura pública digital provista por la SGD (ClaveÚnica) podrá ser utilizada por los órganos de la Administración, en la forma que determina la Norma Técnica de Autenticación asociada a la Ley de Transformación Digital del Estado, y por otras entidades públicas y privadas, según los criterios, forma, alcance y gradualidad que determine el Comité Ejecutivo de Identidad Digital.
De cara al año 2030 (mediano plazo), se propone expandir el nuevo modelo de identidad digital bajo un nuevo marco de gobernanza, encabezado por una única entidad rectora, que abarque todos los servicios de confianza. Sin perjuicio de lo anterior, se seguirá implementando el broker, con la intención de sumar servicios de confianza provistos por entidades públicas y privadas, en principio, bajo un modelo de costo distribuido basado en el número de transacciones.
La Tabla N° 1 contiene un resumen del nuevo sistema de identidad digital. Además, esta estrategia cuenta con un plan de acción, el que será revisado y actualizado cada seis meses por la SGD.
Tabla N°1. Nuevo sistema de identidad digital para Chile
| Actividad | Responsable(s) en el corto plazo | Responsable(s) en el mediano plazo |
|---|---|---|
| Establecer o verificar la identidad original | - Registro Civil | - Registro Civil |
| --- | --- | --- |
| Elaborar decretos, reglamentos y leyes | - Ministerio de Hacienda - Ministerio de Justicia y DDHH |
- Ministerio de Hacienda - Ministerio de Justicia y DDHH |
| --- | --- | --- |
| Liderar y coordinar el sistema | - Comité Ejecutivo de Identidad Digital - SGD - ANCI - Registro Civil - Entidad Acreditadora (MINECON) |
- Autoridad pública claramente definida |
| --- | --- | --- |
| Establecer estándares funcionales, tecnológicos, de confianza y de seguridad | ||
| --- | --- | --- |
| Acreditar cumplimiento de estándares | ||
| --- | --- | --- |
| Fiscalizar el cumplimiento de estándares | - ANCI - Registro Civil |
- Autoridad pública claramente definida |
| --- | --- | --- |
| Prestar servicios de confianza | - SGD - Registro Civil |
- Entidades acreditadas - SGD - Registro Civil |
| Sumar servicios de confianza al broker de identidad digital | - SGD | - SGD |
| Integrar servicios de confianza en entidades públicas y privadas para autenticar a sus usuarios/clientes | - SGD - Entidades privadas |
- SGD - Entidades privadas |
| Cobrar a las entidades privadas que utilicen servicios de confianza públicos para autenticar a sus clientes | - Registro Civil | - Autoridad pública claramente definida |
| Proveer el servicio de claves que cumplan estándares | - SGD | - SGD |
European Comission. (2021). Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS-EN/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A52021PC0281
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| Alcance | Acción | Descripción | Responsable | Plazo | Medio de verificación |
| Corto plazo 2025-2026 | Implementar cédula de identidad digital | Como parte del nuevo Sistema de Identificación Nacional, se ofrecerá a las personas una nueva cédula de identidad que cuenta con 32 medidas de seguridad y una cédula digital, de carácter opcional, a la que podrán acceder a través de un aplicativo en sus teléfonos móviles. | Registro Civil | Q4-2024 | Hito de lanzamiento realizado |
| Constituir Consejo de identidad Digital | Comienzo de las funciones del consejo constituido por la SGD, el Registro Civil y la ANCI | Ministerio de Hacienda | Q1-2025 | Acta de la primera sesión firmada | |
| Definir indicadores de impacto y resultado del nuevo sistema | Definir la línea de base, metas e indicadores de impacto y de resultado del nuevo sistema, para efectos de las evaluaciones intermedias y final. | Consejo de Identidad Digital | Q2-2025 | Informe técnico publicado | |
| Desarrollar primera versión de broker de Identidad identidad digital | Se implementará un servicio de autenticación sobre la infraestructura de ClaveÚnica, para transformarla en una pasarela o broker de identidad, que ofrece diversos servicios. | Ministerio de Hacienda | Q2-2025 | Cédula de identidad digital disponible en el servicio de autenticación de Clave Única | |
| Reformar la Norma Técnica de Autenticación | Establecer estándares y directrices técnicas sobre autenticación que fortalezcan, normativamente, el modelo de gobernanza propuesto en la Estrategia de Identidad Digital, a través de la actualización del Decreto N° 9, de 2023, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Norma Técnica de Autenticación. | Ministerio de Hacienda | Q2-2025 | Decreto supremo publicado | |
| Establecer estándares y niveles de seguridad para la prestación de servicios de autenticación | Dictar una norma conjunta de carácter general que establezca los estándares y directrices técnicas en materia de ciberseguridad y seguridad de la información, que deberán cumplir quienes operen y/o desarrollen servicios de autenticación. | Ministerio de Hacienda & ANCI | Q2-2025 | Norma publicada | |
| Iniciar piloto del broker de identidad digital en el sector público | Habilitar el uso del broker de identidad digital para órganos públicos. | Ministerio de Hacienda | Q3-2025 | Broker de identidad en su primera versión en producción usada por instituciones públicas | |
| Proponer entidad rectora | Elaborar una recomendación técnica sobre cuál debería ser la entidad rectora del sistema de identidad digital, su alcance y competencias. | Ministerio de Hacienda | Q4-2025 | Informe técnico publicado | |
| Proponer modelo de financiamiento para la prestación de servicios privados de confianza | Definir el modelo de financiamiento que operará cuando se sumen proveedores privados de servicios de autenticación al broker. | Ministerio de Hacienda | Q4-2025 | Informe técnico publicado | |
| Iniciar piloto del broker de identidad digital en determinadas entidades privadas | Habilitar el uso del broker de identidad digital por parte de determinadas entidades privadas. | Ministerio de Hacienda | Q1-2026 | Broker de identidad en su primera versión en producción usada por instituciones privadas | |
| Implementar un modelo de financiamiento para el uso de ClaveÚnica por entidades privadas | Las entidades privadas que se integren a ClaveÚnica deberán firmar un convenio con el Registro Civil para efectos de pagar de acuerdo al volumen de transacciones (costo distribuido). | Registro Civil | Q1-2026 | Actos administrativos del Registro Civil que aprueban convenios totalmente tramitados | |
| Ingresar el servicio compartido FirmaGob a la lista de confianza de la Entidad Acreditadora | Cumplir todos los requisitos para ser agregados a la lista de confianza (trust service list) de la Entidad Acreditadora de MINECON. | Ministerio de Hacienda | Q4-2026 | FirmaGob agregado a la lista de confianza | |
| Mediano plazo 2027-2030 | Contar con una única autoridad rectora | Establecer por ley la entidad que ejercerá la rectoría del sistema. | Ministerio de Hacienda | Q1-2027 | Ley publicada |
| Administrar modelo de financiamiento para la prestación de servicios privados de confianza | Definir el modelo de financiamiento que operará cuando se sumen proveedores privados de servicios de confianza al sistema. | Autoridad rectora | Q2-2027 | Según corresponda | |
| Incluir nuevos prestadores de servicios de confianza en el sistema | Expandir la solución para integrar nuevos servicios de autenticación e identidad ofrecidos por prestadores de servicios de confianza debidamente acreditados, tanto del sector público como privado. | Autoridad rectora | Q3 -2027 | Piloto con nuevos prestadores de servicios de confianza concluido | |
| Realizar evaluación intermedia del diseño e implementación del sistema | Evaluar los primeros años de operación del sistema y sus pilotos. | Ministerio de Hacienda | Q2-2028 | Informe de entidad independiente publicado | |
| Realizar evaluación final del diseño e implementación del sistema | Evaluar los primeros años de la operación del sistema y sus pilotos. | Ministerio de Hacienda | Q4-2030 | Informe de identidad independiente publicado |