Extracto:
Enmarcado en la transformación digital de Chile, resalta la digitalización de trámites y la interoperabilidad, aunque identifica desafíos estructurales, tecnológicos y de talento. Organizado en tres ejes—Ecosistema, Personas y Tecnología—establece medidas para fomentar la apertura y reutilización de datos, fortalecer las competencias digitales del funcionariado y dotar al Estado de una infraestructura robusta y segura, con el fin de optimizar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en la gestión pública.
• Ministerio del Interior
• Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile
• Ministerio Secretaría General de la Presidencia
• Instituto Nacional de Estadísticas
• Ministerio de Desarrollo Social y Familia
• Ministerio de Bienes Nacionales
• Secretaría de Modernización, Ministerio de Hacienda
• Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda
• Laboratorio de Gobierno, Ministerio de Hacienda
• Ministerio de Salud
• Tesorería General de la República
• Contraloría General de la República
• Superintendencia de Seguridad Social
• Servicio Nacional del Consumidor
• Comisión para el Mercado Financiero
• Asesores del Senado
• Municipalidad de Renca
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Alianza Digital UE-ALC
• Universidad Adolfo Ibáñez
• Centro de Estudios en Derecho Informático, Universidad de Chile
• Centro de Modelamiento Matemático, Universidad de Chile
• Consorcio IDI – Universidades por una Infraestructura de Datos Integrados para Chile
• e-Governance Academy
• Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información A.G. (ACTI)
• Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec)
• ChileTransparente
• Fundación PaísDigital
• Consultor Alejandro Barros, Universidad de Chile
• Consultora Catherine Muñoz, Universidad Central
En los últimos años, la transformación digital ha impactado profundamente a la sociedad, convirtiendo a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en un elementocentral de la vida diaria de las personas, la economía y la gestión pública. Los datos,sean personales o no, están en el centro de estos avances tecnológicos, pudiendoser usados, analizados, agregados, intercambiados, integrados y vinculados por estas tecnologías, a lo largo de todo su ciclo de vida.
La Administración Pública chilena, por supuesto, no es ajena a esta realidad. Sin ir más lejos, de acuerdo al E-Government Survey del año 2024, Chile es un líder regional en materia de transformación digital, sólo superado por Uruguay en América Latina (Naciones Unidas, 2024). Esto es fiel reflejo de una serie de logros legales y tecnológicos. En el plano normativo, por ejemplo, Chile ha establecido por ley la digitalización de las compras públicas, las solicitudes de información pública y la tramitación de los procedimientos administrativos. En un plano más operativo, el Estado chileno ha desarrollado, a lo largo de diversos gobiernos, una serie de herramientas tecnológicas de alto impacto social. En efecto, la plataforma de autenticación “ClaveÚnica” permite que más de 15 millones de chilenos y chilenas puedan acceder a todo tipo de trámites y servicios públicos a través de medios digitales; las herramientas FirmaGob y SIMPLE han sido fundamentales para digitalizar cientos de procesos públicos; el esfuerzo histórico del Servicio de Impuestos Internos ha posicionado al país como un líder mundial en la digitalización de trámites tributarios; el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha implementado un modelo muy exitoso de gobierno de datos, en relación directa con el Registro de Información Social (RIS); y el Instituto de Previsión Social ha consagrado a la marca ChileAtiende, como un canal de información oficial para obtener información de los trámites y servicios que brinda el Estado, entre muchos otros casos de éxito.
Todos estos avances le imponen al país una verdadera obligación de hacer un uso estratégico de sus datos, para aprovechar plenamente el enorme potencial de la transformación digital. Sin embargo, Chile todavía no cuenta con un sector público realmente impulsado por datos ni que abra sus datos e información por defecto a la ciudadanía (OCDE, 2023). Lo anterior impacta tanto los derechos de las personas y el crecimiento económico. Desde la perspectiva de derechos, en un Estado impulsado por datos, las organizaciones públicas trabajan mano a mano para adelantarse y responder proactivamente a las necesidades de las personas, entregar servicios públicos ágiles, seguros y confiables y comprender y adaptarse de la mejor manera a todo tipo de cambios (OCDE, 2019). Asimismo, desde una mirada más económica, estudios del Banco Mundial (2021) han mostrado que la implementación de sistemas de datos interoperables podría generar ahorros de hasta 300 mil millones de dólares en la Administración Pública a nivel global. En esta línea, la Unión Europea estimó que, para el año 2020, el tamaño del mercado de datos abiertos había aumentado un 36,9%, hasta alcanzar un valor de 75,700 millones de euros, debido a los diversos impactos positivos que éstos producen en áreas como la administración de la energía, el gasto e inversión pública y el tiempo ahorrado en procesos de gestión y en la entrega de servicios, entre otros (CEPAL, 2023).
Durante el proceso participativo de elaboración de la presente estrategia se identificaron dos grandes desafíos para la Administración del Estado en materia de gestión y gobierno de datos, los cuales dan cuenta de brechas (i) estructurales, (ii) de desarrollo de talento y (iii) tecnológicas.
En primer lugar, en Chile, así como en muchos otros países, los datos no están siendo utilizados con propósito por todos los actores que deberían hacerlo. Hoy en día, no existen estructuras de gobernanza consolidadas para todo el Estado que le permitan a toda la Administración tomar decisiones fundamentales sobre datos, como, por ejemplo, por qué y para qué necesitamos más y mejores datos, cuál es su propósito, qué datos debemos priorizar o quién debe hacerse responsable de asegurar la calidad de determinados datos. A este respecto, Chile acaba de dar un primer paso, muy significativo, en cuanto la Ley N° 21.658, que creó la Secretaría de Gobierno Digital, reconoció claramente su rol de coordinador del uso estratégico de datos, al establecer expresamente que esta entidad tiene el deber de “coordinar, asesorar y apoyar intersectorialmente en el uso estratégico de tecnologías digitales, datos e información pública para mejorar la gestión de los órganos de la Administración del Estado y la entrega de servicios”. Con todo, el ejercicio de estas facultades es una tarea de gran envergadura, que requiere un enorme esfuerzo de implementación.
En segundo lugar, salvo excepciones sectoriales, la Administración no está totalmente preparada para cumplir con los nuevos y más exigentes estándares para el tratamiento y gestión de datos e información. Leyes específicas entregan un marco para los datos relativos a grupos de la población o sectores económicos. La Ley Marco de Ciberseguridad establece nuevos estándares de seguridad en la protección de la infraestructura crítica del país y las comunicaciones públicas. La nueva normativa sobre Protección de Datos Personales, por su parte, establecerá un marco regulador más estricto para el tratamiento de datos personales, en línea con las normativas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR, por sus iniciales en inglés).
Finalmente, la Ley de Transformación Digital vino a dejar en claro que la interoperabilidad es la forma en que se debe cumplir con el principio de “sólo una vez”, según el cual los órganos de la Administración no pueden pedir a las personas datos e información que ya se encuentra en poder de otro órgano administrativo. A nivel estructural, no existen habilitantes básicos para enfrentar estos desafíos. Muchos ministerios y servicios públicos aún operan de manera fragmentada, con preponderancia de sistemas cerrados y no interoperables entre sí. Así, existe un alto nivel de silos y fragmentación de datos en la Administración Pública chilena. Esto crea redundancias de información, con altos costos para la efectividad de la gestión pública y, en especial, para los ciudadanos y empresas quienes aún deben entregar datos e información en múltiples ocasiones, a pesar de que ya se encuentran en poder del Estado. La falta de integración y comunicación entre sistemas también crea barreras para la toma de decisiones informadas y el desarrollo de políticas públicas coordinadas, lo que implica que el Estado está tomando decisiones en base a información fraccionada. Además, Chile es un país de vasto territorio, dónde la mayoría de las veces la primera aproximación que las personas tienen con la Administración del Estado es a través de sus gobiernos locales. Lamentablemente, apenas el 1% de los municipios chilenos se encuentra habilitado dentro de la red de interoperabilidad del Estado.
A nivel de talento humano, las instituciones públicas también presentan brechas importantes. Existe una escasez general de profesionales TIC en el sector público, especialmente en áreas donde una correcta gestión y gobierno de datos es crítico para garantizar la continuidad operativa (U. de Chile, 2022). Mientras que el 90% de las instituciones tienen áreas de tecnología, los perfiles más especializados, como científicos o analistas de datos, están poco representados, y también es escaso el personal capacitado en materia de datos en otras áreas de gestión. A nivel municipal, existen ciertas diferencias entre las grandes localidades urbanas, un poco más desarrolladas, y las comunas rurales, las que presentan brechas profesionales importantes (Estudio de Indicadores de Gobierno Digital, 2024). Sin embargo, los municipios en general no suelen contar con planes de formación específicos o identificación de talentos digitales, lo que es crucial para llevar a cabo un proceso de transformación digital exitoso. Además, pocos gobiernos locales han desarrollado un mapa conceptual para gestionar el clima organizacional ante los cambios que conlleva la transformación digital y el uso de datos, existiendo resistencia al cambio debido a la falta de alfabetización digital.
A nivel tecnológico, muchos órganos de la Administración Pública aún presentan desactualización tecnológica, operando con sistemas obsoletos que no garantizan la seguridad de los datos almacenados ni su correcto tratamiento en procesos automatizados. También, carecen de la infraestructura tecnológica, la arquitectura de información y datos, y los protocolos de seguridad necesarios para gestionar, interoperar e integrar datos, así como para cumplir con las nuevas obligaciones de la Ley Marco de Ciberseguridad y la nueva normativa sobre Protección de Datos. Además,se ha evidenciado un bajo uso de tecnologías avanzadas para la interoperabilidad. De acuerdo con el Estudio de Indicadores de Gobierno Digital del 2024, sólo el 23% de las instituciones cuentan con áreas dedicadas a la gestión de datos, y apenas un 10,9% tienen una estrategia clara en esta área. Esto no sólo disminuye la la eficacia y eficiencia con que funciona la Administración, sino que tiene un impacto directo en los derechos de las personas: más y mejores tecnologías son necesarias para prepararse y responder oportunamente ante catástrofes naturales, anticipar y detectar necesidades urgentes de las personas y asignar recursos donde realmente se necesitan, sólo por nombrar algunos ejemplos. Por su parte, la publicación de datos abiertos, fundamental para mejorar la transparencia, mejorar servicios y fomentar el desarrollo, sigue siendo baja, en cuanto sólo un 31,1% de las instituciones estudiadas participa activamente en el Portal de Datos Abiertos del Estado. Además, sólo el 54,8% aplica procedimientos de anonimización de datos (Estudio de Indicadores de Gobierno Digital, 2024).
En este ámbito, las municipalidades más grandes y desarrolladas del país han avanzado en la adopción de tecnologías digitales, como la firma y la gestión documental electrónica.
En contraste, los gobiernos locales de comunas rurales o menos desarrolladas enfrentan desafíos relacionados con un menor equipamiento tecnológico y el uso de equipos más antiguos. En materia de interoperabilidad tampoco se ha logrado que las municipalidades puedan utilizar medios más avanzados para compartir datos, incluyendo a aquellas que sí han avanzado en la adopción de otras tecnologías digitales. De las municipalidades analizadas en el Estudio de Indicadores de Gobierno Digital 2024, sólo el 29,3% utiliza servicios web para compartir datos, el correo electrónico sigue siendo el medio predominante de intercambio de información, siendo utilizado por un 65,7% de las municipalidades. Este porcentaje aumenta a nivel regional, donde el 85,3% de las instituciones utilizan el correo electrónico como principal medio de intercambio de información (Estudio de Indicadores de Gobierno Digital, 2024).
Para 2030, la Administración del Estado chileno estará completamente impulsada por datos, información y conocimiento, transformando su gestión para ofrecer servicios más proactivos, eficientes, seguros y confiables a todas las personas y entidades, tanto del sector público como privado. Como consecuencia de esto, Chile se consagrará como líder entre los países de la OCDE en el uso estratégico de datos, consolidando su papel como referente regional en gobernanza digital, y promoviendo un desarrollo económico y social innovador, inclusivo y sostenible.
Transformar la Administración del Estado chileno para que, mediante el uso estratégico de datos, información y conocimiento, mejore la calidad de vida de las personas, responda de manera eficiente, confiable, resiliente y proactiva a las necesidades actuales y desafíos futuros de nuestro país y, en definitiva, genere valor público.
En base a los desafíos que hacen necesaria esta estrategia, el análisis comparado de estrategias y políticas de gobierno digital y datos de diversos países, y teniendo presente los planes, políticas y estrategias relacionadas que se han publicado en Chile a la fecha, la Estrategia de Datos de la Administración del Estado establece tres ejes estratégicos:(i) Ecosistema, (ii) Personas y (ii) Tecnología. Estos ejes también pueden ser comprendidos como habilitantes estratégicos de carácter transversal. Las secciones siguientes describen cada eje, sus lineamientos estratégicos y presentan un resumen de las iniciativas que incluirá el Plan de Acción de la Estrategia de Datos del Estado, documento independiente que será actualizado cada seis meses desde la aprobación de la presente estrategia.
Los ecosistemas de datos son entornos interconectados donde diversos actores,
como instituciones públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil, colaboran de forma coordinada para gestionar, gobernar, intercambiar, analizar y utilizar datos de manera eficiente, confiable y segura. Para alcanzar el objetivo de la presente Estrategia, la Administración del Estado debe establecer un ecosistema de datos, multinivel e intersectorial, que facilite la gestión y gobierno de datos como un activo estratégico, pero sin desatender los diferentes grados de madurez tecnológica dentro del Estado,la diversidad de órganos de la Administración y las distintas relaciones intersectoriales entre ellos. Este ecosistema deberá garantizar la calidad, consistencia y precisión de los datos a través de estándares comunes, mejorando nuestras políticas públicas para brindar el mejor servicio posible a la ciudadanía y generar valor público.
Al facilitar la participación activa de diversos actores en el uso de datos, se fomenta su acceso seguro, transparencia, y reutilización, lo que genera sinergias entre sectores, promoviendo un crecimiento inclusivo y sostenible. Gracias a la interoperabilidad de sistemas, la integración y vinculación de datos, este ecosistema de datos mejorará los procesos de intercambio y flujo de información entre diferentes entidades, impulsando la mejora continua e innovación dentro de la Administración del Estado, la optimización de recursos y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Para cumplir con el objetivo de la presente Estrategia y avanzar dentro de este eje, los órganos de la Administración deberán seguir los siguientes lineamientos estratégicos:
Gestión y gobernanza de datos con enfoque ciudadano: La gestión de datos, a lo largo de todo su ciclo de vida, debe centrarse en las necesidades, derechos y expectativas ciudadanas. El fin principal de la gestión de datos para la Administración del Estado es mejorar la calidad de sus servicios públicos, sin dejar de garantizar que los datos se gestionen de manera eficiente y segura. Cada órgano de la Administración será una fuente confiable de datos e información que creen, recojan, usen, traten y gestionen en el ámbito de sus competencias, así como de los datos maestros, de referencia o metadatos de su responsabilidad. Esto mantendrá un enfoque coordinado de gobierno, permitiendo que los datos puedan ser entendidos, intercambiados y procesados por toda la Administración.
Coordinación multinivel: Para que la Administración sea un verdadero ecosistema de datos, deberá ser capaz de intercambiar y utilizar datos e información en todos sus niveles, avanzando en la integración de procesos y servicios de manera coherente, enfatizando acciones de apoyo en los gobiernos locales. La coordinación entre diferentes niveles organizativos y jurisdiccionales permitirá identificar y optimizar flujos de intercambio y análisis de datos de forma segura, eficiente y eficaz, e incluso predecir potenciales flujos de intercambio y análisis a futuro. Esto permitirá otorgar servicios más eficientes, disminuyendo la duplicación de esfuerzos e información, avanzando eventualmente hasta su eliminación total, y promoviendo una mayor cohesión y coordinación en la gestión pública.
Coordinación intersectorial: Los problemas a los que se enfrenta actualmente nuestra sociedad son complejos, siendo influenciados por factores multitudinarios e interseccionales, por lo que todos los sectores de la Administración del Estado deberán ser capaces de interoperar e integrar datos e información entre sí. Para ello, se avanzará según la priorización y el apoyo estratégico de sectores clave. La interoperabilidad e integración de datos de manera segura y estandarizada, a través de soluciones comunes, permitirá que los tomadores de decisiones utilicen y analicen datos más completos y relevantes. Al igual que la coordinación multinivel, la coordinación intersectorial permitirá eliminar las duplicaciones de esfuerzos e información progresivamente, pero también formular y diseñar políticas que solucionen los problemas de nuestro país de manera más global.
Dentro de las principales medidas contempladas para este eje estratégico en el Plan de Acción de la Estrategia de Datos de la Administración del Estado se incluyen la creación del Consejo Estratégico de Datos de la Administración del Estado, el regular la designación de encargados de datos dentro de la Administración del Estado, la conformación de grupos técnicos de directores y directoras de datos, y distintas iniciativas que fortalezcan la gestión, gobernanza e intercambio de datos en sectores estratégicos de la Administración. Además, se establecerá un incentivo específico para la gobernanza de datos y se convocarán instancias de colaboración públicas/privadas para proponer soluciones a los desafíos en gestión de datos. En paralelo, se desarrollará un inventario de datos del Estado y normativas técnicas para la estandarización de datos maestros y de referencia. Por otro lado, se impulsará la interoperabilidad y la creación de espacios de colaboración entre el sector público y privado, promoviendo el uso de plataformas de datos transversales y la analítica avanzada. También se fomentarán alianzas con actores estratégicos tecnológicos, estrategias de difusión y adopción de normativas.
Los y las trabajadoras del sector público son cruciales para lograr los objetivos de esta Estrategia. Aunque contar con un ecosistema de datos adecuado y con la infraestructura tecnológica necesaria es fundamental para contar con mejores políticas públicas, esta Estrategia se construye por y para las personas. El funcionariado de la Administración debe situarse en el centro de estos cambios, ya que son estas personas las responsables del diseño, implementación y gestión de los servicios ciudadanos, y quienes implementarán la presente Estrategia. Actualmente, la escasez de funcionarios y funcionarias especializadas y la falta de instrumentos de gestión del cambio, capacitación y actualización continua a nivel nacional, entre otros factores, hacen cada vez más urgente la necesidad de desarrollar el talento humano para enfrentar los desafíos propios de la siempre demandante transformación digital. La efectiva gestión de datos sólo es posible con la incorporación de funcionarias y funcionarios en los distintos procesos de gestión de cambio que implica esta Estrategia.
Un enfoque integral, que contemple la distribución de capacidades y responsabilidades tecnológicas y de datos en todos los niveles del Estado, especialmente los más locales, permitirá una mayor autonomía y eficiencia en la prestación de servicios digitales. Para cumplir con el objetivo de la presente Estrategia y avanzar dentro de este eje, los órganos de la Administración deberán seguir los siguientes lineamientos estratégicos:
Desarrollo de talento digital: Todas las personas que conforman un órgano de la Administración deben ser parte de los procesos de aprendizaje continuo, capacitación y especialización. Al reducir brechas y otorgar herramientas para el desarrollo y retención del talento digital dentro de la Administración, las personas funcionarias podrán contar con las competencias necesarias, adecuadas, oportunas y correctas para responder a los desafíos de una Administración impulsada por datos.
Gestión del cambio: El cumplimiento de los objetivos de la Estrategia, su visión y la adaptación del sector público a los cambios generados por la digitalización, las tecnologías emergentes y el uso intensivo de datos requiere procesos de gestión del cambio. El desarrollo de un marco de competencias que facilite el acceso y comprensión de los y las trabajadoras del sector público de la infraestructura digital habilitante para la gestión, interoperabilidad e integración de datos asegurará su identificación y participación activa en estos procesos. Igualmente, permitirá cumplir de mejor manera con la nueva normativa sobre ciberseguridad, privacidad y gobierno digital.
La mejora de gestión y servicios: Empoderar y alfabetizar a los y las trabajadoras del sector público les permitirá interactuar de manera autónoma y segura con las herramientas, plataformas y servicios compartidos que modernizarán la prestación de servicios. La tecnología no debe reemplazar al talento humano, sino que potenciar sus capacidades, facilitar el ejercicio de sus labores y agilizar la gestión pública. La innovación debe ser una herramienta de desarrollo y modernización del empleo público, reduciendo brechas digitales dentro de la Administración y alineando las capacidades de los servidores públicos con los objetivos de esta Estrategia. En definitiva, permitirá ahondar, aún más, los avances en transformación digital que ya ha tenido la Administración Pública chilena.
Dentro de las principales medidas contempladas para este eje estratégico en el Plan de Acción de la Estrategia de Datos de la Administración del Estado se incluyen el desarrollo de capacitaciones y certificaciones en temas de gobierno y gestión de datos. También se apoyará el reclutamiento de perfiles de datos en las instituciones públicas y se ofrecerán cursos específicos sobre el uso de inteligencia artificial (IA), gobierno de datos, gestión de datos, interoperabilidad y adopción de la plataforma de datos abiertos. Finalmente, se capacitará sobre el uso de la plataforma de integración de datos y se promoverá la adopción de estas herramientas en el sector público.
La infraestructura pública digital (IPD) se refiere a los sistemas esenciales compartidos, basados en estándares comunes, para la prestación de servicios en la era digital, tanto en el sector público como en el privado y, en última instancia, de manera transfronteriza. Este conjunto de herramientas tecnológicas, plataformas, sistemas de información y normativas son habilitantes instrumentales para que los gobiernos puedan gestionar, procesar, compartir y utilizar información de manera eficiente, segura y accesible. Por medio de la tecnología, la IPD fomenta la innovación, la inclusión digital, la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones, permitiendo al Estado mayor accesibilidad y agilidad en la entrega de servicios.
Este eje tiene como objetivo establecer los lineamientos estratégicos para el desarrollo e implementación de una IPD para la Administración del Estado, que sustente el uso estratégico de datos e información pública, de manera escalable. Esta IPD fortalecerá la capacidad tecnológica de todos los niveles de la Administración, especialmente de los gobiernos locales. Esto permitirá mejorar la calidad y seguridad de los servicios públicos, mediante la utilización de servicios compartidos para la gestión y analítica de datos, mayor y mejor interoperabilidad, datos abiertos más accesibles y oportunos, y la optimización de datos para el monitoreo e investigación de políticas públicas. En consonancia con las demandas de la infraestructura crítica del país, la IPD será una herramienta estratégica para servir mejor a las personas y promover el bien común. Para cumplir con el objetivo de la presente Estrategia y avanzar dentro de este eje, los órganos de la Administración deberán seguir los siguientes lineamientos estratégicos:
Red de Interoperabilidad: Para cumplir con los fines de esta estrategia, garantizando el cumplimiento del principio de “sólo una vez”, se continuará fortaleciendo y consolidando la interoperabilidad en todos los niveles y sectores de la Administración del Estado. Los servicios centralizados y compartidos, que permiten el intercambio de datos e información con la mínima intervención humana a través de estándares comunes, generando ahorros para la ciudadanía y el sector público. En base a los aprendizajes, buenas prácticas, nacionales e internacionales, se mejorará la IPD de interoperabilidad, para que esta sea cada vez más segura, resiliente y eficiente.
Datos abiertos: Los datos abiertos son un motor para la innovación y el desarrollo económico. Al poder ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona u órgano de la Administración del Estado, el valor de los datos se extiende en el tiempo. Además de promover la transparencia, facilitan la investigación, la creación o mejora de servicios y la toma de decisiones. Para que la Administración pueda aprovechar al máximo su valor, se fortalecerá la infraestructura que permita su acceso, encontrabilidad, así como la integración eficiente para todos los sectores de política pública y órganos de la Administración del Estado, a través de tecnologías como APIs y herramientas de gestión de datos de código abierto.
Integración de datos: La Administración deberá desarrollar e implementar servicios e infraestructuras integradas de datos, fortaleciendo los ya existentes. La integración de datos permite tomar decisiones más precisas y fundadas en evidencia, a través del acceso, cruce, vinculación y disponibilidad a datos actualizados, relevantes, confiables y completos, de manera segura, bajo estándares comunes. Gracias a la integración de datos, se contará con mejores políticas públicas y servicios ciudadanos que otorguen valor a la ciudadanía, fomentando, a su vez, la evaluación de políticas públicas, estudios e investigaciones con fines de interés público, y la investigación científica.
Innovación e IA centrada en datos: Para que la Administración del Estado de Chile sea líder en innovación e IA, fomentando el gobierno inteligente, debe contar con la infraestructura y herramientas que permitan una gestión de datos eficiente para la implementación de estas tecnologías. Al tener mejor control sobre los datos en su poder, la Administración puede gestionar los riesgos asociados a las nuevas tecnologías de forma eficiente, en línea con lo establecido en la Política Nacional de IA. Por ejemplo, al contar con entornos controlados, temporales y seguros de pruebas y pilotos, como sandboxes, la Administración podrá analizar de mejor manera sus resultados, riesgos, sesgos o la corrección de los datos utilizados y reutilizados. Asimismo, dado el avance de la IA y otras tecnologías emergentes, los órganos de la Administración deberán asegurarse que sus bases de datos puedan ser utilizadas de manera efectiva por herramientas de IA, facilitar el uso y acceso a los datos que utilizan para entrenar sus modelos de IA y garantizar que éstos traten o gestionen datos de manera segura y confiable.
Dentro de las principales medidas contempladas para este eje estratégico en el Plan de Acción de la Estrategia de Datos de la Administración del Estado se incluyen el desarrollo de un portal público para visualizar el avance de la estrategia de datos y la publicación de una página web de gobierno de datos. También se impulsarán mejoras al portal de datos abiertos, la integración de plataformas geoespaciales, la implementación de la nueva plataforma de interoperabilidad del Estado, y el desarrollo de mecanismos para la gestión del consentimiento de datos personales. También se incluyen una serie de acciones relativas al gobierno de datos para IA: se fomentarán iniciativas de transparencia algorítmica, se desarrollará una guía para pilotos de IA y se implementarán capacitaciones sobre su uso ético. Además, se creará un Centro de Excelencia en IA para desarrollar casos de uso en entornos controlados.
API (Application Programming Interface):
Conjunto de definiciones y protocolos que permiten a diferentes aplicaciones o sistemas comunicarse entre sí de manera eficiente y estructurada, actuando como intermediarias que facilitan el intercambio de datos y servicios entre distintossoftware, ya sea dentro de una misma plataforma o entre plataformas diferentes.
Dato:
Representación de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa, por medio de una secuencia de letras, números o símbolos y que es posible capturar a través de la observación y/o medición de personas, objetos, hechos, juicios o fenómenos.
Datos abiertos:
Dato digital con las características técnicas y jurídicas necesarias para que pueda ser usado, reutilizado y redistribuido libremente por cualquier persona u órgano de la Administración del Estado, en cualquier momento y lugar. La publicación de datos abiertos consiste en poner a disposición del público los datos gubernamentales y los procesos de formulación de políticas (dentro de los límites de la legislación vigente) para promover la transparencia, la responsabilidad y la creación de valor, a través del uso y reutilización de los datos.
Datos maestros:
Datos que proporcionan el contexto para los datos de la actividad del negocio en forma de conceptos comunes y abstractos que se relacionan con la actividad. Incluye los detalles (definiciones e identificadores) de objetos internos y externos involucrados en transacciones del negocio, como usuarios(as), productos, personal y dominios controlados (valores de código).
Datos de referencia:
Conjuntos de datos que categorizan o relacionan otros datos por medio de códigos.
Integración de datos: Procesos de movimiento y consolidación de datos en forma coherente dentro y entre almacenes de datos, aplicaciones y organizaciones.
Interoperar: Comunicar o transferir a otra u otras instituciones datos e información en línea, con la mínima intervención humana y en base a estándares y protocolos comunes, de forma tal que estos datos e información puedan ser utilizados de manera efectiva.
Metadatos: Datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de un dato.
Plataforma: Software o conjunto de software, datos e infraestructura tecnológica que sustenta procesos o procedimientos.
Servicios compartidos: Servicios o herramientas prestados por la Administración del Estado y utilizados por dos o más órganos o entidades, que se vinculan con la consolidación, estandarización y administración de un conjunto de herramientas, procesos y/o funciones en un único centro de servicios.
Servicios digitales: Prestaciones ofrecidas por los órganos de la Administración del Estado a sus usuarios(as) a través de tecnologías digitales.
Tecnologías digitales: Herramientas tecnológicas, tecnologías emergentes, sistemas automáticos, dispositivos, aplicativos, recursos tecnológicos y de analítica de datos, que generan, almacenan y procesan información.
Documento: Descarga el plan de acción